Hacerse cargo

Compartimos el Editorial del próximo número de la Revista Vida Pastoral de Noviembre-Diciembre 2018.

Por Oscar Campana//

El reciente debate parlamentario sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo dejó secuelas impensadas hasta no hace mucho tiempo en la relación de la Iglesia católica con la sociedad argentina. Mencionemos, por caso, la reinstalación del debate sobre el sostenimiento del culto y la incipiente emergencia de un movimiento de apostasía que ha seducido ya a numerosas voluntades. Todo ello sólo es novedad para quienes no estuvieron atentos a los múltiples indicios que fueron apareciendo aquí y allá en nuestra rica y compleja vida cultural.

Como ejemplo de que acerca de estas cuestiones hace tiempo circulan opiniones y elaboraciones en nuestros propios pasillos, sobre el movimiento de apostasía escribió en nuestra revista, hace nueve años, Marcelo González (“Disputas en el campo del ‘habitus religioso’”: Vida Pastoral 278, 2009; ver también del mismo autor “Laicidad, Estado laico e igualdad religiosa: ¿emerge un debate de fondo?”: Vida Pastoral 295, 2011).

Sobre el sostenimiento del culto también nuestra revista ha dedicado muchas páginas, sobre todo desde notas escritas por Eduardo González (“La financiación de la Iglesia católica en Argentina”: Vida Pastoral 240, 2003; “La separación de la Iglesia y el Estado en un antiguo texto”: Vida Pastoral 270, 2008; “La laicidad del Estado al servicio del pueblo religioso”: Vida Pastoral 306, 2012) y desde algunos editoriales.

Cito aquí algo escrito ¡hace más de trece años!: “El debate de fondo podría haber tenido lugar cuando la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Pero prefirió dejarse a salvo, por ambos lados, el confuso y ambiguo Artículo 2º (“El Estado argentino sostiene el culto católico… ”) de nuestra Carta Magna. Quizás los tiempos no estaban aún maduros. No se tratará, entonces, de modificar la ley fundamental de la Nación cuanto de introducir, en los hechos, otra práctica. Y la iniciativa de ello deberá tenerla, a mi entender, la propia Iglesia Católica. La historia está llena de ejemplos de que lo no hecho a tiempo, y con prudencia, a veces termina ocurriendo tarde y desmesuradamente” (Vida Pastoral 255, 2005, 1).

Si el discontinuado “Plan Compartir” había llegado a la conclusión de que los aportes ordinarios del Estado nacional (obispos, párrocos de frontera, seminaristas) sólo cubrían aproximadamente el 5% del “costo” de las estructuras pastorales, cabe atribuir a la propia Iglesia católica el no haber tenido la capacidad de encontrar a tiempo alternativas económicas para cubrir sus necesidades. Ello hubiera sido importante para poder dar una discusión equilibrada sobre el tema, aclarando los números con información precisa y permitiendo distinguir entre los subsidios que constituyen un privilegio y los aportes y exenciones impositivas que la Iglesia percibe en pie de igualdad con instituciones análogas.

El anteponer, en los hechos, la relación con el Estado antes que con la sociedad, y el descansar en situaciones de privilegio, beneficiándose con decretos-leyes de la última dictadura militar, no parecen ser la mejor manera de transitar la conversión pastoral hacia una Iglesia en salida, ni de hacer memoria de los cincuenta años de la Conferencia de Medellín que, en fidelidad al Concilio Vaticano II, pensó una Iglesia despojada, alejada del poder político, pobre y de los pobres.

Más temprano que tarde, habrá que hacerse cargo.

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